ACUERDO NÚMERO 5/1999

Acuerdo del Pleno de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación 5/1999
ACUERDO NÚMERO 5/1999, DEL VEINTIUNO DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS
NOVENTA Y NUEVE, DEL PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA
NACIÓN, QUE ESTABLECE LAS BASES GENERALES PARA LA PROCEDENCIA Y
TRAMITACIÓN DE LOS RECURSOS DE REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.-Que el artículo 94, párrafo séptimo, de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, reformado mediante el decreto publicado en el Diario Oficial de la
Federación del once de junio de mil novecientos noventa y nueve, faculta al Pleno de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación para emitir acuerdos generales a fin de lograr
mayor prontitud en el despacho de los asuntos y mejor impartición de justicia, y que el
también reformado artículo 107, fracción IX, del mismo texto fundamental, establece que
mediante acuerdos generales, este Alto Tribunal debe establecer los supuestos en que
proceda el recurso de revisión en contra de sentencias dictadas por los Tribunales
Colegiados de Circuito en amparo directo, por entrañar, a su juicio, la fijación de un criterio
de importancia y trascendencia;
SEGUNDO.-Que el artículo 11, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la
Federación faculta al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para determinar,
mediante acuerdos generales, la competencia por materia de cada una de las Salas y el
sistema de distribución de los asuntos que éstas deban conocer;
TERCERO.-Que en términos de lo establecido en la fracción V del mencionado artículo 11
de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el Pleno de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación puede, a través de acuerdos generales, remitir para su resolución los
asuntos de su competencia a las Salas;
CUARTO.-Que conforme a lo instituido en el reformado artículo 94 de la Constitución
Federal y en el artículo 10 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el Pleno
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es el intérprete supremo de la Constitución y,
por ello, no se requiere de su intervención en aquellos asuntos en los que, al resolverse,
no se tengan que abordar cuestiones estrictamente constitucionales o en los que ya haya
emitido un pronunciamiento sobre tales cuestiones;
QUINTO.-Que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 14, fracción II, de la Ley Orgánica
del Poder Judicial de la Federación, corresponde al presidente de la Suprema Corte de
Justicia tramitar los asuntos de la competencia del Tribunal Pleno y turnar los expedientes
entre sus integrantes para que formulen los respectivos proyectos de resolución.
En consecuencia, con apoyo en los artículos 94, párrafo séptimo, y 107, fracción IX, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 83, fracción V, párrafos primero y
segundo, y 84, fracción II, de la Ley de Amparo; 10, fracción III, 11, fracciones IV y V, 14,
fracción II, 21, fracción III, inciso a), y 25, fracciones I y II, de la Ley Orgánica del Poder
Judicial de la Federación, este Tribunal Pleno expide el siguiente
ACUERDO:
PRIMERO.-Procedencia
I. El recurso de revisión es procedente contra las sentencias que en materia de amparo
directo pronuncien los Tribunales Colegiados de Circuito, si se reúnen los supuestos
siguientes:
a) Si en ella se decide sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de una ley, tratado
internacional o reglamento -federal o local-, o se establece la interpretación directa de un
precepto constitucional; o bien, si en dichas sentencias se omite el estudio de las
cuestiones acabadas de mencionar, cuando se hubieren planteado en la demanda de
amparo.
b) Si el problema de constitucionalidad referido en el subinciso anterior, entraña la fijación
de un criterio jurídico de importancia y trascendencia a juicio de la Sala respectiva.
Se entenderá que un asunto es importante cuando de los conceptos de violación (o del
planteamiento jurídico, si opera la suplencia de la queja deficiente), se vea que los
argumentos (o derivaciones) son excepcionales o extraordinarios, esto es, de especial
interés; y será trascendente cuando se aprecie la probabilidad de que la resolución que se
pronuncie establezca un criterio que tenga efectos sobresalientes en la materia de
constitucionalidad.
II. Por regla general, se entenderá que no se surten los requisitos de importancia y
trascendencia cuando:
a) Exista jurisprudencia sobre el tema de constitucionalidad planteado;
b) Cuando no se hayan expresado agravios o cuando, habiéndose expresado, sean
ineficaces, inoperantes, inatendibles o insuficientes, siempre que no se advierta queja
deficiente que suplir;
c) En los demás casos análogos a juicio de la Sala correspondiente.
SEGUNDO.-Tramitación
I. En la revisión de amparos directos, el presidente de la Suprema Corte o los de Sala,
según les corresponda en términos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,
verificarán si el recurso fue formulado en tiempo y forma legales, y si en la sentencia se
hizo un pronunciamiento sobre inconstitucionalidad de alguna ley, tratado internacional,
reglamento federal o local, o la interpretación directa de algún precepto constitucional, o si
en la demanda se hicieron planteamientos de esa naturaleza, aun cuando el Tribunal
Colegiado de Circuito haya omitido el estudio de tales cuestiones. Si no se reúnen tales
requisitos desechará de plano el recurso.
II. Si el presidente de la Suprema Corte o los de Sala consideran que sí se reúnen los
requisitos mencionados en el inciso inmediato anterior, admitirán el recurso, especificando
que ello es sin perjuicio del análisis posterior del requisito de importancia y trascendencia,
y lo turnarán al Ministro que corresponda.
III. Si el Ministro ponente considera que se surten los requisitos de procedencia
establecidos en el punto primero, inciso I, subincisos a) y b), de este acuerdo, formulará el
proyecto que someterá a la consideración del Pleno o de la Sala, según corresponda.
IV. Si el Ministro ponente estima que no se configuran los requisitos de procedencia
establecidos en el inciso inmediato anterior, formulará un dictamen en tal sentido,
proponiendo el desechamiento del recurso.
V. El dictamen de desechamiento será presentado por el ponente a la Sala de su
adscripción, y si fuera rechazado por mayoría de votos el mismo ponente deberá presentar
proyecto de fondo ante la Sala o el Pleno, según proceda, sin perjuicio de que el Pleno
deseche el recurso por falta de importancia y trascendencia.
VI. Si el dictamen de rechazo es aprobado por mayoría de los Ministros de la Sala, el
recurso será desechado y quedará firme la sentencia del Tribunal Colegiado de Circuito, al
que se devolverán los autos de inmediato.
VII. Las determinaciones de la Sala son irrecurribles.
TRANSITORIOS:
PRIMERO.-Este acuerdo entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario
Oficial de la Federación. Por tanto, los recursos de revisión interpuestos en contra de
sentencias dictadas por los Tribunales Colegiados de Circuito en amparo directo hasta el
día de dicha publicación, seguirán rigiéndose por las reglas anteriores; y los interpuestos a
partir del día siguiente de esa publicación, por este acuerdo.
SEGUNDO.-Se abrogan todas las disposiciones de otros acuerdos que se opongan a las
del presente.
TERCERO.-Publíquese en el Diario Oficial de la Federación, así como en el Semanario
Judicial de la Federación y su Gaceta.
LICENCIADO JOSÉ JAVIER AGUILAR DOMÍNGUEZ, SECRETARIO GENERAL DE
ACUERDOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN,
CERTIFICA:
Que este Acuerdo Número 5/1999, que establece las bases generales para la procedencia
y tramitación de los recursos de revisión en amparo directo, fue emitido por el Tribunal
Pleno en sesión privada de hoy veintiuno de junio de mil novecientos noventa y nueve, por
unanimidad de diez votos de los señores Ministros presidente Genaro David Góngora
Pimentel, Sergio Salvador Aguirre Anguiano, Mariano Azuela Güitrón, Juventino V. Castro
y Castro, Juan Díaz Romero, José Vicente Aguinaco Alemán, Guillermo I. Ortiz
Mayagoitia, Humberto Román Palacios, Olga María Sánchez Cordero y Juan N. Silva
Meza.-México, Distrito Federal, a veintiuno de junio de mil novecientos noventa y nueve
(D.O.F. DE 22 DE JUNIO DE 1999).

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