Época: Novena Época
Registro: 169874
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Tomo XXVII, Abril de 2008
Materia(s): Común
Tesis: VI.1o.A.44 K
Página: 2377

INCIDENTE DE INEJECUCIÓN DE SENTENCIA DE AMPARO. EL JUEZ DE DISTRITO CARECE DE FACULTADES PARA DESECHARLO, PUES ELLO ES COMPETENCIA DELEGADA DEL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, A PARTIR DEL ACUERDO GENERAL 5/2001 DEL PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.

A partir de la vigencia de dicho Acuerdo (publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de junio de 2001, en vigor desde el día siguiente), en términos de su punto Quinto, fracción IV, los Tribunales Colegiados de Circuito son competentes por delegación para conocer del incidente de inejecución de sentencia promovido al tenor de lo dispuesto en el artículo 105 de la Ley de Amparo. Así, al respecto se pueden actualizar las siguientes hipótesis: 1) que al recibir los autos del Juzgado de Distrito, el pleno del Tribunal Colegiado deseche por improcedente o por alguna otra causa el incidente de inejecución, sin necesidad de que el presidente de dicho órgano sustancie el procedimiento señalado en el punto Décimo Quinto del referido Acuerdo General 5/2001; 2) que recibidos los autos del Juzgado de Distrito, el presidente del tribunal proceda en términos del citado punto Décimo Quinto y requiera a la autoridad o autoridades responsables contra quienes se hubiese concedido el amparo, con copia a su superior jerárquico, en su caso, para que en un plazo de diez días hábiles, contados a partir de la legal notificación del proveído respectivo, demuestren ante el propio tribunal el acatamiento de la ejecutoria de amparo, o le expongan las razones que tuvieran en relación con el incumplimiento de la sentencia, apercibidas de que en caso de ser omisas ante ese requerimiento, se continuará el procedimiento correspondiente, que puede culminar con una resolución que en los términos del artículo 107, fracción XVI, de la Constitución General de la República, ordene la separación del cargo del titular responsable y su consignación penal ante un juez federal. En este supuesto, una vez que los autos hayan quedado en estado de resolución, el pleno del Tribunal Colegiado puede: 2a) desechar por improcedente o por algún otro motivo el incidente de inejecución; 2b) declararlo sin materia, si existiera al menos un principio de ejecución del fallo amparador; o bien, 2c) emitir un dictamen en el que estime que se deban aplicar a la autoridad o autoridades responsables las medidas contenidas en el artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Federal, en cuyo caso enviará los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos constitucionales correspondientes, haciéndolo del conocimiento de las autoridades responsables respectivas, con base en el punto Décimo Sexto del Acuerdo General 5/2001. Por consiguiente, sólo cuando se actualiza la hipótesis descrita en el apartado 2c, el Máximo Tribunal del País reasumirá su competencia originaria para conocer del incidente de inejecución, con fundamento en el punto Tercero, fracción V, del invocado Acuerdo General. En tales condiciones, queda de manifiesto que la resolución de los incidentes de inejecución de sentencia, dentro de la cual se califica su procedencia o improcedencia, es competencia delegada de los Tribunales Colegiados de Circuito, motivo por el cual resulta inconcuso que el Juez de Distrito carece de facultades para desechar este tipo de incidentes, aunado a que su proceder es contrario al orden público e interés social que caracteriza al cumplimiento de las sentencias que se pronuncian en los juicios de garantías, por lo que únicamente debe limitarse a enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito que resulte competente por delegación, para conocer del incidente de inejecución de sentencia de amparo.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEXTO CIRCUITO.

Queja 5/2008. Juan José España García. 5 de marzo de 2008. Unanimidad de votos. Ponente: Francisco Javier Cárdenas Ramírez. Secretaria: Luz Idalia Osorio Rojas.

Nota: El Acuerdo General Número 5/2001, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación citado, aparece publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIV, julio de 2001, página 1161.