Época: Novena Época
Registro: 170579
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Tomo XXVI, Diciembre de 2007
Materia(s): Penal
Tesis: IX.2o.41 P
Página: 1822

SUSPENSIÓN. CUANDO EL ACTO RECLAMADO CONSISTE EN EL APERCIBIMIENTO AL QUEJOSO QUE DE NO PRESENTARSE A UNA DILIGENCIA EN LA AVERIGUACIÓN PREVIA SE HARÁ USO DE LA FUERZA PÚBLICA, EL JUEZ DE DISTRITO, AL CONCEDER AQUÉLLA, PUEDE DICTAR LAS MEDIDAS QUE ESTIME PERTINENTES PARA LOGRAR SU ASEGURAMIENTO.

Cuando el acto reclamado consiste en el apercibimiento que de no presentarse al desahogo de una diligencia de carácter penal, dentro de la averiguación previa, se hará uso de la fuerza pública, la suspensión siempre será procedente por tratarse de un acto que puede derivar en una posible afectación a la libertad personal de los gobernados, lo que origina que sean aplicables las reglas contenidas en las jurisprudencias 1a./J. 16/97 y 1a./J. 66/2001, emitidas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomos V y XIV, mayo de 1997 y septiembre de 2001, páginas 226 y 434, de rubros: “SUSPENSIÓN PROVISIONAL. MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO QUE PUEDE IMPONER EL JUEZ DE AMPARO TRATÁNDOSE DE ACTOS RESTRICTIVOS DE LA LIBERTAD PERSONAL.” y “SUSPENSIÓN PROVISIONAL. CUANDO SE RECLAMAN ÓRDENES DE DETENCIÓN GIRADAS POR AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS Y EL QUEJOSO AÚN NO HA SIDO PRIVADO DE SU LIBERTAD, EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE EXIGIR GARANTÍA PARA QUE SURTA EFECTOS AQUÉLLA.”, respectivamente, de las cuales se advierte que al proveer respecto de la suspensión de los efectos del acto reclamado, tratándose de la restricción de la libertad personal, es menester que se guarde un prudente equilibrio entre la salvaguarda de esa delicadísima garantía constitucional, los objetivos propios de la persecución de los delitos y la continuación del procedimiento penal, aspectos sobre los que se encuentra interesada la sociedad. Ahora bien, para lograr dicho equilibrio el artículo 136 de la Ley de Amparo dispone que en los juicios constitucionales en los que se reclamen actos restrictivos de la libertad, el Juez de Distrito dictará las medidas que estime necesarias tendientes al aseguramiento del quejoso, con el fin de que sea devuelto a la autoridad responsable, en caso de que no se concediera el amparo que hubiere solicitado, de donde se sigue que los Jueces de Distrito gozan de amplio criterio para fijar dichas medidas, tales como: a) exigir fianza; b) establecer la obligación de que el quejoso proporcione su domicilio a fin de que se le puedan hacer las citaciones respectivas; c) fijarle la obligación de presentarse al juzgado los días que se determinen, y d) hacerle saber que está obligado a comparecer dentro de determinado plazo ante el Juez de la causa, debiendo allegar los criterios que acreditan esa comparecencia o cualquier otra medida que considere conducente para el aseguramiento del agraviado. Aunado a lo anterior, el artículo 138 de la citada ley dispone que en los casos en que la suspensión sea procedente, ésta se concederá en forma tal que no impida la continuación del procedimiento en el asunto que haya motivado el acto reclamado, lo que se justifica porque de no fijarse una garantía ni la obligación de presentarse ante el Ministerio Público, se corre el riesgo de entorpecer las facultades de investigación de los delitos que constitucionalmente le corresponden a la representación social y, en consecuencia, se entorpezca la prosecución de la averiguación previa, en franca violación a los principios contenidos en los artículos 124, 124 bis, 130, 136, 138 y 139 de la propia ley, pues en ellos se ha establecido que la suspensión no puede constituir un medio que permita la consumación o continuación de los delitos o de sus efectos. En consecuencia, si se concede la suspensión cuando el acto reclamado consiste en el apercibimiento al quejoso que de no presentarse a una diligencia en la averiguación previa se hará uso de la fuerza pública, el Juez de Distrito puede tomar las medidas que estime pertinentes para lograr el aseguramiento de aquél, toda vez que el quejoso tiene el deber de comparecer ante el Ministerio Público para que continúe surtiendo efectos la suspensión.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL NOVENO CIRCUITO.

Incidente de suspensión (revisión) 252/2007. 20 de septiembre de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: Pedro Elías Soto Lara. Secretaria: Fabiola Delgado Trejo.