Época: Novena Época
Registro: 162825
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Tomo XXXIII, Febrero de 2011
Materia(s): Común
Tesis: I.4o.C.52 K
Página: 2331

GARANTÍA PARA QUE SURTA EFECTOS LA SUSPENSIÓN. SI NO SE PUEDE MOTIVAR SU CUANTÍA.

Es indiscutible que la exigencia de motivación obliga a los Jueces a encontrar los criterios razonables y objetivos necesarios para justificar el apego de sus resoluciones a las disposiciones jurídicas aplicables, a buscar esos criterios con mayor ahínco, paciencia y perseverancia, a medida que el caso presente mayor grado de dificultad. De esta obligación no queda exento el acto de fijación del monto de una garantía, para que surta efectos la suspensión de los actos reclamados en el juicio de amparo, aunque se lleve a cabo en ejercicio de la facultad discrecional que le otorga el artículo 125 de la Ley de Amparo, ya que discrecionalidad no es sinónimo de capricho o arbitrariedad, sino realización de una actividad razonable, de sentido común, de prudencia y ponderación. No obstante, cuando las circunstancias que rodean un asunto son tan vagas, generales e imprecisas, que no revelan claramente probabilidad o certeza para definir, de modo verosímil y aceptable el monto de la garantía, pero la medida cautelar sí puede causar daños y perjuicios, aunque al momento de otorgar la medida sea difícil o imposible su cuantificación, se presenta lo siguiente: el Juez está obligado a fijar una garantía, por un monto determinado, pero también a motivar adecuada y suficientemente la cuantificación de la garantía, sin que la falta de bases para cumplir con la segunda obligación, exima al Juez del cumplimiento de la primera; para resolver el problema el juzgador debe fijar la garantía que considere idónea, en aplicación del principio general del derecho, referente a que a lo imposible nadie está obligado, y admitir su validez, si a la luz de los pocos datos existentes no se traduce un claro exceso de poder, caso en el cual, cualquiera de las partes que se sienta afectada podría conseguir una cuantificación distinta con la presentación de elementos o argumentos en el recurso que haga valer contra la resolución.

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revisión 346/2010. Javier de Jesús Montero Ávila. 25 de noviembre de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Leonel Castillo González. Secretaria: Mónica Cacho Maldonado.