Época: Novena Época
Registro: 188178
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Tomo XIV, Diciembre de 2001
Materia(s): Común
Tesis: XXII.1o.30 K
Página: 1759

MULTA A LAS AUTORIDADES INEXISTENTES. EL TRIBUNAL REVISOR DEBE CORREGIR DE OFICIO SU IMPOSICIÓN, DADA LA IMPOSIBILIDAD DE QUE SE HAGA EFECTIVA.

Atendiendo a que todo lo relativo al dictado de las sentencias de amparo, a su correcta formulación, así como al cumplimiento y, en su caso, ejecución que se deba dar a las mismas, se trata de cuestiones de orden público, pues así se desprende del contenido de los artículos 79, 104, 111 y 113 de la Ley de Amparo, esto es en cuanto a que el primero de esos dispositivos otorga al juzgador la facultad de corregir oficiosamente los errores que advierta en la cita de garantías violadas, para amparar por las realmente transgredidas, en tanto que en los demás se establece que el mismo Juez o Tribunal Colegiado, según sea el caso, proveerán lo necesario, a fin de que las autoridades responsables cumplan con la ejecutoria respectiva y, en caso de negativa, proceder a su ejecución forzosa, sin que se pueda archivar ningún juicio de amparo hasta en tanto quede dicha sentencia enteramente cumplida o ya no exista materia para la ejecución, todo lo que además de exigir que en las ejecutorias que se emitan se evite propiciar situaciones que ulteriormente dificulten o hagan imposible su cumplimiento, tal situación conlleva también a colegir que aquella facultad de corrección debe ser aplicada, por igualdad de razón, al tribunal revisor, para que éste enmiende de oficio ese tipo de inconsistencias que llegue a advertir en dichas sentencias, cuando se trate de la multa impuesta a una autoridad inexistente, por omisión en rendir su informe justificado, ya que en esas condiciones sería física y materialmente imposible hacer efectiva esa multa.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO SEGUNDO CIRCUITO.

Amparo en revisión 154/2001. Jesús Barreda Ramírez. 20 de septiembre de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Mario Alberto Adame Nava. Secretario: René Zamudio Azúa.