Época: Novena Época
Registro: 178865
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Tipo de Tesis: Jurisprudencia
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Tomo XXI, Marzo de 2005
Materia(s): Común
Tesis: VI.3o.A. J/44
Página: 1052

SUSPENSIÓN DEFINITIVA. PARA DECIDIR SOBRE SU PROCEDENCIA ES INDEBIDO ATENDER, SOLAMENTE, A LA CALIDAD DE ORDEN PÚBLICO DE QUE ESTÁ INVESTIDA LA LEY EN QUE SE FUNDA EL ACTO RECLAMADO.

Es erróneo decidir sobre la suspensión definitiva del acto reclamado bajo la premisa esencial de que éste se funda formalmente en una ley de interés público, que en forma expresa regula una actividad de interés social, pues no debe perderse de vista que todas las leyes, en mayor o menor medida son de interés social y de orden público, y que bajo esa perspectiva aislada se llegaría a la conclusión equívoca de que cualquier medida cautelar tendente a paralizar la ejecución de un acto que se base en aquéllas ha de negarse. Así, el concepto de orden público, más que gravitar en el hecho de que las leyes revistan tal carácter, ha de partir de la no afectación de los bienes de la colectividad tutelados por las leyes, dado que lo que debe valorarse es el eventual perjuicio que pudieran sufrir las metas de interés colectivo perseguidas con el acto concreto de aplicación de la norma. De ahí que para colegir válidamente el contenido de la noción de orden público es menester ponderar las situaciones que se llegaran a producir con la suspensión del acto reclamado, es decir, si con la medida se privará a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes o se le inferirá un daño que de otra manera no resentiría; lo que robustece la postura de este criterio de apartarse, prima facie, de la calidad de orden público e interés social de que gozan las leyes, para decidir la procedencia de la suspensión.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEXTO CIRCUITO.

Incidente de suspensión (revisión) 65/2004. María Julia Lara Flores. 24 de marzo de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: Manuel Rojas Fonseca. Secretario: Jorge Arturo Porras Gutiérrez.

Queja 2/2005. Autoservicio Guadalupano, S.A. de C.V. 4 de enero de 2005. Unanimidad de votos. Ponente: Manuel Rojas Fonseca. Secretario: Raúl Andrade Osorio.

Queja 8/2005. Servicio La Camionera de Puebla, S.A. de C.V. 17 de enero de 2005. Unanimidad de votos. Ponente: Jaime Raúl Oropeza García. Secretario: Clemente Delgado Salgado.

Queja 9/2005. Fernando Javier Rodríguez Jaquím. 17 de enero de 2005. Unanimidad de votos. Ponente: Margarita Márquez Méndez, secretaria de tribunal autorizada por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de Magistrada. Secretaria: Jennifer Acosta Gregory.

Queja 10/2005. Servicio La Venta, S.A. de C.V. 17 de enero de 2005. Unanimidad de votos. Ponente: Manuel Rojas Fonseca. Secretario: Juan Carlos Ríos López.

Véase: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVI, julio de 2002, página 357, tesis 2a./J. 81/2002, de rubro: “SUSPENSIÓN DEFINITIVA. AL RESOLVER SOBRE ELLA, EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE EXPONER, EN SU CASO, LOS MOTIVOS POR LOS QUE CONSIDERE SE OCASIONA O NO PERJUICIO AL INTERÉS SOCIAL Y SI SE CONTRAVIENEN O NO DISPOSICIONES DE ORDEN PÚBLICO.”, Tomo V, enero de 1997, página 383, tesis I.3o.A. J/16, de rubro: “SUSPENSIÓN, NOCIONES DE ORDEN PÚBLICO Y DE INTERÉS SOCIAL PARA LOS EFECTOS DE LA.”, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Número 62, febrero de 1993, página 27, tesis II.3o. J/40, de rubro: “SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO. INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 124 DE LA LEY DE AMPARO.” y Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo VIII, septiembre de 1991, página 76, tesis I.2o.A. J/26, de rubro: “ORDEN PÚBLICO PARA LA SUSPENSIÓN. “