Época: Décima Época
Registro: 2001509
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Libro XI, Agosto de 2012, Tomo 2
Materia(s): Común
Tesis: IV.2o.A.14 K (10a.)
Página: 1994

SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE PREVISTA EN EL ARTÍCULO 76 BIS, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE AMPARO. PROCEDE CUANDO EN EL AMPARO INDIRECTO SE SEÑALEN DIRECTAMENTE COMO ACTO RECLAMADO UNA LEY DECLARADA INCONSTITUCIONAL POR JURISPRUDENCIA DE UN TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO Y COMO RESPONSABLES SUS ÓRGANOS EMISORES.

El artículo 76 Bis, fracción I, de la Ley de Amparo dispone que deberá suplirse la deficiencia de los conceptos de violación de la demanda o de los agravios formulados en los recursos que la propia ley establece, en cualquier materia, cuando el acto reclamado se funde en leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por su parte, este Tribunal Colegiado considera que procede dicha suplencia cuando exista jurisprudencia que declare la inconstitucionalidad de una norma, emitida por un Tribunal Colegiado de Circuito, según se advierte de la tesis IV.2o.A.37 K, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVII, mayo de 2008, página 1167, de rubro: “SUPLENCIA DE LA QUEJA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 76 BIS FRACCIÓN I, DE LA LEY DE AMPARO, CUANDO EL ACTO RECLAMADO SE FUNDE EN LEYES DECLARADAS INCONSTITUCIONALES POR JURISPRUDENCIA DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO CON MOTIVO DE LA COMPETENCIA DELEGADA EN ESA MATERIA POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. ORIGEN Y RAZONES DE SU PROCEDENCIA.”. Ahora bien, en los juicios de amparo indirecto contra normas generales el efecto de la sentencia no sólo recae en el acto de aplicación reclamado, sino que impide que la norma declarada inconstitucional pueda válidamente aplicarse al mismo quejoso en casos posteriores, sea que se reclame como autoaplicativa o como heteroaplicativa; es decir, sólo se ve afectada por la sentencia en su ámbito personal de validez en relación con el particular que ejerció la acción de amparo. En estas condiciones, la interpretación literal o aislada del precepto inicialmente citado no es útil para determinar si prevé una suplencia de la queja deficiente con un mayor alcance protector de derechos fundamentales, por lo que debe acudirse a lo establecido por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 52/2004-PL, cuya parte conducente aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIII, mayo de 2006, página 447, en el sentido de que esa suplencia de la queja, en principio, operaba sólo cuando la norma declarada inconstitucional se aplicaba en un acto propiamente dicho, es decir, que el quejoso no hubiese reclamado la ley sino los vicios en su aplicación, pero que en la exposición de motivos de la reforma publicada el 25 de octubre de 1967 al artículo 94 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se amplió dicha prerrogativa, precisamente, cuando el quejoso reclama directamente la ley, pero ésta ya se declaró inconstitucional por la Suprema Corte en jurisprudencia, con independencia de que esa aplicación haya provenido de una autoridad, del propio gobernado o de un tercero. Así, se corrobora que la suplencia de la queja deficiente analizada, no sólo opera cuando el acto reclamado se funde en una ley declarada inconstitucional, sino también cuando se reclame directamente ésta y exista, precisamente, jurisprudencia que declare su inconstitucionalidad. En estas condiciones, del estudio histórico, teleológico y literal de los artículos 107 de la Constitución Federal y 76 Bis, fracción I, de la Ley de Amparo, puede advertirse -como concluyó la Suprema Corte de Justicia de la Nación- que dicha suplencia de la queja deficiente es total, ya que se surte aun ante la ausencia de conceptos de violación o agravios, como acontece en las materias penal, atinente al inculpado, o laboral, tratándose del trabajador, o cuando están involucrados los derechos de ejidatarios o comuneros, de menores e incapaces, al mismo tiempo que opera cuando el acto reclamado se funde en una ley declarada inconstitucional, y también cuando se reclame directamente una disposición de carácter general declarada inconstitucional mediante jurisprudencia. Por tanto, aun cuando conforme al mencionado artículo 76 Bis, fracción I, procede la suplencia “cuando el acto reclamado se funde en leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, tal hipótesis también es aplicable si en amparo indirecto se señalan directamente la ley declarada inconstitucional por un Tribunal Colegiado de Circuito y como responsables sus órganos emisores, lo que implica que las consecuencias del otorgamiento del amparo se regirán por los principios ya señalados; esto es, la ineficacia de la norma declarada inconstitucional comprenderá al quejoso en relación con el acto concreto de aplicación impugnado y frente a todo tipo de autoridades, así como respecto de cualquier acto futuro que llegara a dictarse en su perjuicio con el mismo fundamento. Considerar lo contrario atentaría contra la eficacia misma de la institución de la suplencia de la queja deficiente, pues si se atendiera únicamente a la literalidad de la norma interpretada y se estimara que aquélla sólo opera cuando se trate de un acto que se funde en una ley inconstitucional (entiéndase un acto de autoridad distinto a una norma), prácticamente sería imposible que lo hiciera en el amparo indirecto contra leyes, llegándose al absurdo de que, por ejemplo, si se reclamara una ley autoaplicativa, en la que no existe un acto de aplicación y existiera jurisprudencia que declare su inconstitucionalidad, sería imposible la suplencia por el tribunal de control de constitucionalidad.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO.

Amparo en revisión 609/2011. Margarita Generosa Garza Montoto. 15 de marzo de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: José Carlos Rodríguez Navarro. Secretario: Miguel Ángel Luna Gracia.

Nota: Por ejecutoria del 21 de agosto de 2013, la Segunda Sala declaró sin materia la contradicción de tesis 300/2013 derivada de la denuncia de la que fue objeto el criterio contenido en esta tesis, al estimarse que la cuestión controvertida quedó definida por una reforma a la ley y resulta muy remoto que de establecerse el criterio prevaleciente pudiera llegar a aplicarse.